La mujer cordobesa sostiene que la respuesta del sistema de reparación por daños vinculados a vacunas contra el Covid-19 no evaluó correctamente su situación médica y ahora busca una revisión judicial.

Antes de iniciar una demanda civil contra AstraZeneca y el Estado nacional, Flavia Ochoa atravesó el procedimiento administrativo establecido para personas que denuncian haber sufrido consecuencias adversas tras la vacunación contra el Covid-19. Ese trámite concluyó con un rechazo al no encontrarse una relación causal comprobada entre la vacuna aplicada y el síndrome de Guillain-Barré que la mujer afirma haber padecido.

El expediente comenzó en marzo de 2023, cuando Ochoa presentó un pedido ante el mecanismo de reparación creado por la Ley 27.573. En esa instancia incorporó documentación médica, certificados de especialistas, antecedentes de internaciones, estudios clínicos, constancias de incapacidad y registros vinculados a la vacunación.

Según la resolución administrativa, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas consideró que no se había podido establecer un vínculo entre la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y el cuadro denunciado. Esa conclusión es uno de los principales puntos cuestionados por la demandante, quien sostiene que no se analizaron de manera adecuada los informes médicos presentados.

La acción judicial busca que se revise esa evaluación y plantea cuestionamientos sobre el régimen de reparación previsto por la Ley 27.573. Entre otros puntos, la demanda solicita analizar la constitucionalidad de algunos aspectos de la normativa y reclama que, en caso de comprobarse los daños denunciados, se reconozca una reparación integral.

El reclamo también incluye a AstraZeneca y al Estado nacional como responsables civiles según la postura de la demandante. La Justicia deberá analizar ahora la documentación aportada, las pruebas médicas, las posibles pericias y los argumentos de todas las partes involucradas.

Con la apertura de esta nueva etapa, el caso dejó atrás la vía administrativa y quedó bajo evaluación judicial, donde se definirá si corresponde reconocer la relación entre la vacunación y las consecuencias denunciadas, así como una eventual compensación económica.