Dos iniciativas de distintos bloques opositores buscan limitar prácticas abusivas, transparentar las condiciones de los créditos digitales y proteger a los usuarios con menores ingresos.

Diputados de distintos sectores de la oposición presentaron proyectos para regular el crédito otorgado a través de billeteras virtuales y plataformas financieras digitales, ante el aumento de los niveles de morosidad y sobreendeudamiento. Según datos citados en el Congreso, más de seis millones de argentinos mantienen deudas con billeteras virtuales con atrasos de 90 días o más.

Uno de los proyectos, presentado por el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano, propone establecer controles sobre el crédito ofrecido mediante aplicaciones y billeteras digitales. La iniciativa plantea que las entidades evalúen de manera integral la situación económica de cada usuario antes de otorgar nuevos préstamos y contempla un procedimiento judicial de rehabilitación financiera para quienes se encuentren en situaciones de insolvencia.

La propuesta también incorpora una segunda oportunidad para deudores que actúen de buena fe, con la posibilidad de reducir o extinguir parte de las obligaciones pendientes una vez cumplidos los planes de pago. Además, busca limitar los denominados patrones oscuros y mecanismos de gamificación que puedan incentivar decisiones impulsivas, y exige mayor transparencia en los sistemas automatizados de evaluación crediticia.

Otro proyecto fue presentado por 27 legisladores del peronismo federal, encabezados por Victoria Tolosa Paz, y apunta especialmente a los beneficiarios de prestaciones sociales de la ANSES. La iniciativa advierte sobre créditos con costos financieros elevados y propone que la regularidad de esos ingresos sea contemplada al evaluar la capacidad de pago, sin que la condición socioeconómica o la informalidad laboral se conviertan automáticamente en factores que encarezcan el financiamiento.

El proyecto establece además límites para las tasas de interés compensatorias y busca impedir que ese tope sea evitado mediante comisiones, seguros u otros cargos. También exige que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera clara y visible, y establece mecanismos de revisión humana para las decisiones tomadas mediante algoritmos.

Las iniciativas incluyen una protección específica para prestaciones de carácter alimentario, como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 Días. Esos fondos no podrían ser afectados mediante débitos automáticos destinados a cancelar préstamos, salvo que el titular realice un pago voluntario y expreso. Las propuestas buscan así evitar que el crecimiento del crédito digital profundice la exclusión financiera y el deterioro de los ingresos de los sectores más vulnerables.