Una auditoría sobre 37 escuelas encontró diferencias en las partidas, mercadería facturada que no habría sido entregada y fallas en la documentación. La Justicia investiga el caso por presunto peculado.

Una auditoría interna de la Dirección de Comedores Escolares detectó irregularidades por más de $100 millones en el manejo de fondos destinados a la alimentación de alumnos de 37 escuelas de Concordia. El relevamiento identificó una diferencia de $103.738.136 durante marzo y abril de 2025.

Los resultados fueron incorporados a la Resolución 267 del Ministerio de Desarrollo Humano, que ordenó iniciar una Información Sumaria para determinar eventuales responsabilidades. El expediente también llegó a la Justicia y tramita ante la Unidad Fiscal de Concordia como una investigación por presunto peculado.

Los controles comenzaron con un cruce entre la cantidad efectiva de alumnos que recibían el servicio alimentario y las nóminas utilizadas para calcular las partidas. Allí surgieron aumentos que no pudieron justificarse y diferencias entre los fondos asignados y las necesidades de los establecimientos.

La auditoría detectó además casos en los que una partida completa aparecía consumida en un solo día y una fuerte concentración de compras en tres proveedores. Al comparar remitos, menús y consumos de marzo y abril, los investigadores estimaron que hubo alrededor de $100 millones en mercadería facturada pero que no habría sido entregada.

También se observaron inconsistencias en la documentación respaldatoria. Entre ellas, se informó inicialmente que cuadernos de menú de octubre y noviembre de 2024 habían sido destruidos por roedores, aunque posteriormente aparecieron cuadernos acompañados por remitos confeccionados con posterioridad. Al ampliar el período analizado hasta junio, el informe calculó sobrantes e inconsistencias por aproximadamente $146.223.311.

A partir de las irregularidades detectadas, la Provincia avanzó hacia un sistema de compras centralizadas y licitaciones públicas, junto con mayores controles nutricionales y mecanismos de trazabilidad. La investigación judicial deberá determinar ahora si existieron responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales en el manejo de los recursos destinados a los comedores escolares.