La Casa Rosada impulsa una pesquisa penal sobre la compra de acciones de la petrolera con el objetivo de utilizar sus resultados en la disputa judicial por las demandas millonarias contra la Argentina.

El gobierno de Javier Milei realiza gestiones ante la administración de Donald Trump para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigue penalmente el ingreso, la gestión y la salida de la familia Eskenazi de YPF. La estrategia apunta a obtener elementos que puedan ser utilizados en la defensa argentina frente a los reclamos millonarios que se tramitan en tribunales de Nueva York.

Funcionarios de la administración nacional mantuvieron reuniones reservadas con representantes del gobierno estadounidense para impulsar una investigación centrada en la adquisición de acciones de la petrolera durante el kirchnerismo. El objetivo es determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción vinculados con la operación mediante la cual la familia Eskenazi y el Grupo Petersen llegaron a controlar el 25% de YPF.

La Casa Rosada considera que una eventual investigación penal que acreditara un origen fraudulento de aquella adquisición podría convertirse en un elemento clave para intentar frenar, reducir o incluso dejar sin efecto las demandas civiles contra el Estado argentino. La ofensiva se inscribe así en la estrategia jurídica oficial para defender al país frente a los reclamos derivados de la estatización de la compañía.

El escenario judicial resulta particularmente relevante luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara una sentencia anterior que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de YPF. La decisión representó un alivio para el Estado, aunque la disputa todavía continúa abierta.

La iniciativa del gobierno argentino también cuenta con un antecedente en Estados Unidos: el Departamento de Justicia ya había respaldado mediante un memorándum el pedido de organizaciones civiles argentinas para investigar presuntas irregularidades en la compra de las acciones de la petrolera.

Con esta estrategia, la administración de Milei busca incorporar una eventual investigación penal estadounidense como una herramienta adicional en la batalla judicial por YPF y establecer si hubo conductas ilícitas durante el proceso de ingreso de la familia Eskenazi a la compañía.