La jueza Marta Elba Pascual dispuso la suspensión preventiva para evaluar si la provincia cuenta con infraestructura, recursos y personal suficientes para aplicar las nuevas disposiciones sin afectar los derechos de los adolescentes.

La Justicia bonaerense suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial. La medida fue dispuesta por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado en representación de adolescentes privados de su libertad.

Uno de los principales puntos analizados por la magistrada fue la reducción de 16 a 14 años de la edad de imputabilidad establecida por la nueva legislación. El cambio incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años por determinados delitos y podría generar un incremento en la cantidad de jóvenes sometidos a procesos judiciales, además de extender los períodos de privación de libertad en algunos casos.

La jueza consideró que ese eventual aumento de la población alcanzada por el régimen podría superar la capacidad actual del sistema bonaerense. En particular, puso en duda que la provincia disponga de suficientes establecimientos, recursos materiales, equipos profesionales y condiciones edilicias para afrontar las nuevas obligaciones.

Otro de los fundamentos centrales de la resolución fue el principio precautorio, que permite adoptar medidas preventivas cuando existen elementos que hacen posible anticipar una eventual vulneración de derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la intervención judicial busca evitar que las nuevas disposiciones comiencen a aplicarse en condiciones que puedan afectar las garantías de los adolescentes.

La suspensión, según lo establecido en la resolución, no implica dejar sin efecto la nueva legislación ni modificar su vigencia. El objetivo es establecer un período de evaluación para determinar si el sistema provincial está preparado para afrontar el posible incremento de jóvenes alcanzados por el régimen y garantizar condiciones adecuadas durante los procesos.

Durante los 60 días de suspensión se analizará, de este modo, la capacidad institucional, edilicia y profesional de la provincia para implementar las nuevas reglas. La decisión vuelve a poner el foco en la necesidad de adecuar la infraestructura y los recursos del sistema penal juvenil antes de avanzar con su aplicación plena.