Un juzgado de Bogotá dispuso ocultar publicaciones en las que el presidente colombiano aparece junto a cuerpos de personas abatidas durante operaciones militares y analizará si su difusión vulneró derechos fundamentales.

Un juzgado de Bogotá ordenó a la Presidencia de Colombia retirar de sus redes sociales oficiales varias publicaciones en las que el presidente Abelardo De la Espriella aparece junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos durante operaciones de las fuerzas de seguridad. La medida fue adoptada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá a partir de una acción presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio.

La decisión alcanza contenidos publicados el 2 y el 4 de septiembre en Instagram, vinculados con dos operativos militares. El tribunal todavía no determinó que las publicaciones sean ilegales ni resolvió el fondo de la acción judicial, sino que dispuso mantenerlas ocultas mientras analiza si las imágenes pueden ser consideradas violentas o explícitas y si su difusión afecta derechos fundamentales, especialmente los de menores de edad.

Una de las publicaciones cuestionadas correspondía a la operación Azarías, realizada en el municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare. En las imágenes, De la Espriella aparece caminando entre bolsas blancas que contenían los cuerpos de al menos 23 personas abatidas durante un operativo de las Fuerzas Militares contra disidencias de las FARC.

El segundo contenido fue difundido el 4 de septiembre y estuvo relacionado con la operación Centinela de la Patria, desarrollada en Riohacha, capital de La Guajira. En esa oportunidad, el mandatario fue mostrado ante los medios junto a cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas. Entre los fallecidos se encontraba Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La difusión de las fotografías generó un debate sobre los límites de la comunicación oficial de las operaciones de seguridad, el tratamiento de las personas fallecidas y la exposición de material violento en las plataformas institucionales. El caso también plantea interrogantes sobre el uso de imágenes de cadáveres como parte de la estrategia de comunicación de las autoridades.

La Presidencia y De la Espriella disponen de dos días para presentar sus argumentos ante la Justicia. Una vez cumplido ese plazo, el juzgado deberá avanzar sobre las cuestiones planteadas y determinar si corresponde mantener las restricciones sobre las publicaciones cuestionadas.