El ministro de Justicia porteño respaldó el proceso contra Laura de Marinis y sostuvo que el jurado deberá determinar si correspondía una sanción que podría llegar a la destitución.

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, cuestionó el fallo de la jueza Laura de Marinis que declaró inconstitucional la aplicación del régimen penal juvenil y respaldó el proceso de enjuiciamiento iniciado contra la magistrada. El funcionario sostuvo que espera que el jurado determine si existió un incumplimiento de sus funciones y evalúe una eventual destitución.

Tapia explicó que el pedido fue presentado ante el Consejo de la Magistratura porteño, cuyo jurado de enjuiciamiento deberá analizar la actuación de la jueza. El procedimiento contempla distintas posibles sanciones, entre ellas un apercibimiento, una suspensión o la destitución, según el resultado de la evaluación.

El ministro también defendió la utilización del mecanismo de jury frente a las críticas recibidas y remarcó que se encuentra contemplado en la Constitución. La presentación contra De Marinis se produjo luego de su decisión judicial sobre la aplicación del régimen penal juvenil en la Ciudad.

Además, Tapia cuestionó los efectos que, según su interpretación, puede generar el fallo sobre las políticas de seguridad y planteó reparos ante la posibilidad de que personas detenidas recuperen la libertad. En ese contexto, destacó las modificaciones relacionadas con la reiterancia como una herramienta para que el Poder Judicial pueda intervenir frente a personas acusadas de cometer nuevos delitos.

El funcionario también defendió las políticas de seguridad implementadas por el gobierno porteño y señaló que forman parte de una estrategia orientada a reforzar el orden en la Ciudad. Sus declaraciones se produjeron en medio de la discusión judicial y política generada por el fallo sobre el régimen aplicable a menores de edad.

Por otra parte, Tapia se refirió al traspaso del fuero laboral desde la órbita nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires y estimó que la Justicia laboral porteña podría comenzar a funcionar durante el primer trimestre de 2027. Para concretar la transferencia todavía resta acordar el traspaso de recursos, con una estimación inicial de unos 60.000 millones de pesos.