Róger Mariaca rechazó las acusaciones de Washington y afirmó que la medida no modificará las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público boliviano.

El fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, cuestionó la decisión de Estados Unidos de revocar su visa y la de otros 12 ciudadanos bolivianos, y sostuvo que una medida migratoria adoptada por otro país no afectará el funcionamiento ni la independencia de las instituciones judiciales bolivianas.

Mariaca rechazó las acusaciones formuladas por Washington y sostuvo que continuará con las investigaciones a su cargo. Entre ellas se encuentra el denominado caso Cerimedo, que involucra al exasesor personal del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, quien permanece detenido en el penal de Chonchocoro.

Estados Unidos acusa al fiscal general boliviano de haber utilizado sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos vinculados con actividades de narcotráfico y para favorecer a personas involucradas en hechos violentos. La medida forma parte de una política de restricciones de visas aplicada por el Departamento de Estado a funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Frente a esas acusaciones, Mariaca sostuvo que la decisión fue recibida con sorpresa y reivindicó la autonomía del Ministerio Público. También señaló que continuará con las investigaciones relacionadas con Cerimedo, además de otros expedientes vinculados con el tráfico de drogas y las denominadas narcomaletas y causas por combustibles.

El gobierno boliviano, por su parte, anunció que solicitará a Estados Unidos información y elementos probatorios sobre las acusaciones contra los ciudadanos alcanzados por las restricciones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó de graves los señalamientos y planteó la necesidad de contar con mayores precisiones sobre los hechos denunciados.

En tanto, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó que se iniciará una investigación sobre las personas incluidas en la lista difundida por Washington. Las autoridades bolivianas señalaron que buscarán que los involucrados comparezcan ante la Justicia del país y que los antecedentes proporcionados por Estados Unidos sean incorporados a las investigaciones correspondientes.